“Todavía existe legislación que discrimina a las mujeres, impidiéndoles el ejercicio de ciertos derechos. Esa era la norma hasta bien entrado el siglo XX, en particular para los derechos civiles y políticos”, explica Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
Añade que “el derecho a votar, a ser elegidas para cargos públicos, a la educación, al empleo y otros derechos ciudadanos eran negados a las mujeres”.
“La legislación representaba el orden social en el cual los hombres dominaban el mundo público, y las mujeres permanecían relegadas al mundo privado, y aún dentro del mundo privado, no tenían igualdad de condiciones con los varones”, detalla.
A juicio de Gherardi, “la mayor parte de las barreras formales de acceso a derechos, es decir, la legislación que excluye a las mujeres de ciertos derechos, se ha superado”.
“Sin embargo, algunas todavía persisten tanto en la legislación política como en la normativa que regula la vida familiar, la vida social y la vida laboral”, puntualiza.
Gherardi, desde ELA, en colaboración con ONU Mujeres, realiza un estudio para identificar a nivel regional cuáles son esas leyes que discriminan a las mujeres.
“Lo primero que tenemos que hacer en la ruta hacia legislaciones libres de discriminación es identificar cuáles son esas leyes que explícitamente, e indirectamente también, están discriminando a las mujeres, para reformarlas y mejorarlas desde la agenda de los Congresos”, explica Luiza Carvalho, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe.
Para Carvalho, “las leyes, como base normativa de nuestras sociedades, también construyen la manera en la que vemos al mundo, y si algunas de estas leyes son discriminatorias, tenemos que atacar el problema de raíz, hasta lograr que el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y sociedades igualitarias desde su normativa”.
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