“Nos quieren sacar de nuestra tierra, no nos dejan en paz. Los helicópteros vuelan a la medianoche, dicen que nos van a atacar”, relató a IPS la indígena ecuatoriana Fanny Kaekat, lideresa del pueblo shuar arutam, que por décadas resiste el acoso de las mineras interesadas en explotar el oro de sus territorios, en el sureste del país.
En el 2016 el gobierno del entonces presidente Rafael Correa (2007-2017) declaró el estado de excepción y los militares ingresaron para forzar la salida de las familias. El ensañamiento fue con las mujeres, denunció Kaekat, en el marco del 14 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (Eflac), realizado en la capital uruguaya.
“Nosotras por nuestra cultura tenemos varios hijos, cinco, seis, no podemos desplazarnos fácilmente como los hombres, que rápido suben a la montaña. Cuando llegaron los soldados quemaron nuestras chozas y patearon las ollas de comida”, recordó Kaekat sobre el simbólico destrozo de objetos de uso doméstico y necesarios para el sustento.
La violencia contra las mujeres defensoras de derechos fue uno de los ejes temáticos del Eflac, que congregó a unas 2.000 feministas entre el jueves 23 y el sábado 25, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que abre 16 días de activismo para erradicar un flagelo que en la región lejos de disminuir crece.
Así lo constata el informe “Del compromiso a la acción: políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe“, lanzado el miércoles 22 por ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que subraya que la región tiene las tasas más altas de violencia de género fuera de la pareja y la segunda más alta dentro de ella.
En ese contexto, se recordó en el Eflac que en 2016 también se asesinó en Honduras a la ambientalista Berta Cáceres, dirigenta del pueblo lenca y activista feminista, quien lideraba en su país la defensa del derecho al agua y la lucha contra la construcción de una presa en el río Zarca.
La autoría intelectual del asesinato de la ambientalista reconocida internacionalmente sigue sin determinarse, aunque su familia la atribuye a la empresa Desarrollos Energéticos SA, encargada de la obra.
Ese año fue especialmente cruel para quienes defienden sus territorios de la voracidad de empresas que desarrollan proyectos de diverso corte extractivista sin respetar el derecho a la consulta previa e informada de los pueblos indígenas y sin tener en cuenta los irreparables daños para el ambiente y las comunidades.
El informe anual 2016 de la no gubernamental Global Witnees indica que 60 por ciento de los 200 asesinatos de defensoras y defensores en el mundo ocurrieron en América Latina.
Para Denisse Chávez, del peruano Grupo Impulsor Mujeres y Cambio Climático, hay una escalada de violencia hacia las mujeres de las comunidades, con mayor énfasis a las defensoras, por el rol que cumplen en el arraigo comunitario.
“Esta alianza del capitalismo extractivista con el patriarcado coloca como blanco a las mujeres y busca controlar y someter tanto sus cuerpos como sus territorios. Quienes se rebelan, protestan y defienden sus derechos a ser libres y soberanas son reprimidas y violentadas de múltiples formas”, aseguró a IPS.
Recordó que en el primer Tribunal por Justicia y Defensa de los Derechos de las Mujeres Panamazónicas y Andinas, realizado dentro del VIII Foro Social Panamazónico, realizado en abril en la selva central peruana.
Allí se analizaron casos emblemáticos de seis países que evidenciaron que la violencia hacia las defensoras es por su rol de defensa de los territorios y en la continuidad de la vida comunitaria, junto con sesgos específicos de género.
“Es un rol que además contribuye a preservar los bienes de la naturaleza, culturas y cosmovisiones que aportan a la sostenibilidad de la vida”, remarcó la activista quien junto con otras organizaciones ha impulsado una campaña regional por los derechos de las defensoras durante el Eflac.
Nilde Sousa, de la Articulación de Mujeres Brasileñas, denunció en el encuentro los despojos de territorios en su país. Uno de los casos emblemáticos es el de la central hidroeléctrica de Belo Monte sobre el río Xingú, que comenzó a operar en 2016, en el estado amazónico de Pará.
La construcción de ese megaproyecto, aseguró, implicó el desplazamiento de familias, destrucción de ecosistemas e incremento de las violencias, especialmente la explotación sexual de niñas y adolescentes.
“Venimos luchando sin tregua y le decimos a este avance capitalista que nuestros cuerpos no se violan, nuestros territorios no se violan, se respetan”, proclamó Sousa.
Pese a todo, gracias a sus luchas las defensoras de derechos han ganado espacio público, se constató en Montevideo.
“Las defensoras desafían muchos roles tradicionales y culturales, rompen con el estereotipo de la mujer dedicada al ámbito del hogar y se movilizan por una doble agenda, la soberanía de sus cuerpos y de sus territorios, la libertad para decidir sobre ellos. La respuesta del sistema es el disciplinamiento”, explicó Chávez, tomando el concepto aportado por la académica feminista argentina Rita Segato.
Yanet Caruajulca es una de esas mujeres que se ha sacudido los moldes tradicionales y en las alturas altoandinas de Perú, en la región de Cajamarca, defiende el derecho al agua y demanda el retiro de diversos enclaves mineros.
Ella dirige la Federación Regional de Rondas Campesinas y ha salido numerosas veces a las calles a protestar. Hoy se encuentra enjuiciada, acusada de vandalismo desde 2013. “El 12 de diciembre estoy citada para la sentencia” informó a IPS antes de asegurar que su proceso judicial ha sido tortuoso.
“No tenía abogado defensor, las audiencias no son en mi localidad, Bambamarca, sino en la capital, Cajamarca, a más de dos horas y media de distancia por carretera. Y no tengo los medios económicos para todos esos gastos”, refirió.
El uso indebido del derecho penal es justamente uno de los métodos reportados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para criminalizar la protesta social que involucra a defensores y defensoras.
Un informe de la CIDH de 2015 revela que entre los efectos de la criminalización están los daños a la salud mental, alteración de la vida familiar y efectos en la vida comunitaria.
De ello puede hablar Caruajulca. “Para mí es una preocupación permanente, pienso qué pasará con mis hijos si me condenan, y también que si eso sucede, ya no podría hacer nada. Además, sería un mensaje a la población de que no hablen, no protesten, no reclamen por sus derechos porque si lo hacen, les puede ocurrir lo mismo”, dijo.
Como en su caso o el de Berta Cáceres y otras defensoras de derechos, las instituciones se muestran débiles para protegerlas y hacer justicia.
Las relatorías de Derechos Humanos de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la CIDH han hecho sucesivos exhortos a los Estados de la región para que cumplan con proteger y garantizar los derechos de las personas activistas. Inclusive en la ONU hay una resolución específica al respecto.
Sin embargo los peligros persisten para ellas. Pero, se aseguró en los diferentes espacios del Eflac, es en la movilización articulada de las mujeres es donde encuentran el apoyo y la fuerza para seguir, bajo el lema del encuentro: “diversas pero no dispersas”.
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