EL PAIS:La misma reforma que baja los haberes impulsa la jubilación privada

El bono compensatorio propuesto por el gobierno nacional no repara la quita de ingresos de los jubilados: el que cobra la mínima perderá en un año $ 4138.

Mientras que el bono compensatorio de las jubilaciones no repara la pérdida que tendrán los jubilados, al mismo tiempo, el gobierno estimula el ahorro jubilatorio privado. Se trata de decisiones que forman parte de una reforma profunda de la Seguridad Social y que en 2018 podría tener una nueva vuelta de tuerca.
El bono compensatorio se ha convertido en la base del acuerdo entre el gobierno nacional y los gobernadores para hacer pasar la reforma jubilatoria. Por cuerda aparte, en el proyecto de ley de reforma tributaria, el gobierno incluye la posibilidad de que quienes inviertan en fondos de retiro sean eximidos del pago de Ganancias.
"Existe un estímulo de los fondos de retiro sobre la base de una quiebra de la ANSES", dijo a Tiempo el economista Claudio Lozano. "El gobierno impulsa la capitalización y la jubilación privada", agregó.
¿De qué se trata el bono compensatorio?
Si la Cámara de Diputados aprueba mañana el proyecto de ley de reforma previsional, que ya tiene media sanción del Senado, el gobierno nacional emitiría un decreto al día siguiente estableciendo el pago del bono en marzo de 2018. Es un dinero que recibirá el 70% de los jubilados, aquellos que cobran hasta 10.000 pesos, por única vez y que no modificará la base sobre la cual se calcularán las posteriores actualizaciones de haberes.
El bono consiste en:
-$750 para los jubilados que realizaron aportes a lo largo de su vida de trabajador activo.
-$300 para los jubilados que accedieron a los haberes sin haber efectuado aportes. Es el caso de los pasivos que ingresaron a la Seguridad Social con las moratorias.
Al tratarse de un aporte por única vez, el bono no altera la quita en la movilidad de haberes que, ahora sí, sufrirán todos los jubilados. Según cálculos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), un jubilado que cobra la mínima y con aportes en su historial, acumulará a lo largo de 2018 ingresos por 109.025 pesos con la actual fórmula de movilidad, que incluye en partes iguales los incrementos en los ingresos tributarios de la Seguridad Social y el incremento de salarios.
Con la nueva fórmula, que se compone en un 70% de la inflación y un 30% de un índice salarial que elabora el Ministerio de Trabajo y conocido copmo RIPTE, ese mismo jubilado habría acumulado un total de $ 104.887, incluidos los $ 750 del bono por única vez.
Así, la pérdida de ingresos del jubilado alcanzaría a $ 4138.
Es decir, el bono está lejos de compensar la pérdida de ingresos del jubilado. Es al revés de lo que manifestaron los portavoces del gobierno  o sus aliados desde el viernes. Por caso, el gobernador de Entre Ríos, el peronista Gustavo Bordet, dijo que con la inclusión del bono "los jubilados no perderán ni un peso". Las cuentas dicen otra cosa.
Además, el bono no deja de ser eso, un pago por única vez. Es decir, no impacta en la base de la jubilación y, por lo tanto, no altera la base de cálculo para el siguiente aumento, que según el proyecto que el gobierno espera votar, sucederá en junio.
El proyecto plantea subas trimestrales, a diferencia de la movilidad actual, que es semestral.
Visto en grandes números se notan más las diferencias. La propuesta del gobierno implica una reducción en los ingresos de los jubilados de unos 70 mil millones de pesos, que quedarán en manos del Estado para financiar las reducciones impositivas que harán las provincias a las grandes empresas que actúan en sus territorios y pagan Ingresos Brutos, según Hernán Letcher, economista y director del CEPA.
El bono equivale a una "recuperación" de sólo 3600 millones de pesos, apenas un 5% de lo que dejarán de recibir los jubilados. Es decir, hay una pérdida enorme de poder adquisitivo de los jubilados.
Mientras tanto, la jubilación privada gana un casillero más en su camino de retorno de la mano de Cambiemos. La reforma tributaria, una de las que propone el gobierno nacional, incluye la exención del pago del Impuesto a las Ganancias a las personas que inviertan su dinero en fondos de retiro. Estos fondos tienen algunas características, como el largo plazo.
Como al mismo tiempo, la reforma tributaria impone Ganancias a los plazos fijos y las tenencias de bonos, se trata de un direccionamiento para que el millón y medio de personas con capacidad de ahorro en la Argentina los derive hacia las inversiones que no tributan o tienen menores alícuotas, que es la situación en la que quedarán los fondos de retiro.
El proyecto de ley del gobierno aclara que será el Poder Ejecutivo el que determine el nivel de exención, lo que sucedería con la reglamentación de la ley.
Cabe recordar que la ley de Reparación Histórica, votada el año pasado, incluye la creación de una comisión que elaborará un proyecto de Código de la Segruidad social, en el que incluirá cambios profundos en las jubilaciones. El gobierno dio a conocer en su momento su interés en el establecimiento de un régimen mixto, que combine la jubilación estatal de reparto con un régimen de capitalización.De hecho, la primera versión de la reforma previsional incluía la posibilidad de que personas de elevados ingresos pudieran acceder a un régimen de jubilación privada. Esa iniciativa quedó afuera con la nueva redacción.
La jubilación estatal enfrenta, además, una caída en sus ingresos por la reducción de aportes a la Seguridad Social, que también forma parte de la reforma tributaria.  «
La AUH pierde más del 10%
La reforma previsional afecta la movilidad de la AUH y otros beneficios de la Seguridad Social. En el caso de la Asignación Universal por Hijo, la pérdida de ingresos entre febrero de 2018 y agosto del mismo año pódría alcanzar al 25%, según cálculos del economista Claudio Lozano, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP).
El bono compensador que propone el gobierno para el caso de la AUH es de 400 pesos. Siempre por única vez y sin alterar la base de cálculo para los futuros incrementos.
Lozano calculó que el valor de la AUH, actualmente en $1412, subiría a $1619,56 en agosto próximo si se mantuviera la actual fórmula de movilidad. En cambio, con la propuesta oficial, ese incremento se reduciría a $1562,52, es decir, $57,04 menos.

Como los incrementos de la AUH serían trimestrales en lugar de los actuales semestrales, Lozano hace un promedio de los valores para todos esos meses y llega a la conclusión de que la caída de ingresos para el beneficiario de la AUH será de un 10,3% sobre el valor actual. El cálculo incluye aumentos del 5,8% en febreo y del 4,5% en junio del año próximo. 

Un informe del CELS advirtió que "la protesta social está en peligro en Argentina"

Advirtieron que hay una criminalización de la organización social, política y sindical, al tiempo que creció la persecución penal y contravencional de organizaciones, militantes y activistas.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó su séptimo informe sobre el estado de cumplimiento de los derechos humanos en la Argentina y concluyeron, con preocupación, que hay una "criminalización" de la protesta social al tiempo que afirmaron que "los tiempos son sombríos" en nuestro país.

La presentación tuvo lugar en el Parque de la Memoria y los ejemplos giraron en torno a la detención de Milagro Sala, quien está presa desde enero de 2016, la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado en Chubut, el asesinato de Rafael Nahuel y la feroz represión del jueves en Plaza Congreso, cuando una multitud se manifestó en contra de la reforma previsional.
Horacio Verbitsky, presidente del CELS, advirtió que "es difícil hacer cumplir el Sistema Interamericano de Derechos humanos en Argentina cuando el Gobierno se burla de eso de una manera sistemática y militante”. En tanto, el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, destacó la sentencia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ex ESMA, como “una de las pocas buenas noticias de este año”.
Chiller advirtió que “la protesta social está en peligro en Argentina y eso marcó el trabajo del CELS”. En este sentido, el informe hace eje en dos puntos relacionados entre sí: el primero es el que analiza “el impacto negativo de las políticas económicas en la vigencia de los derechos económicos y sociales”. El segundo hace foco en la la “criminalización de la organización social, política y sindical”. 
Según el organismo, entre 2016 y 2017 “se acentuó la persecución penal y contravencional de organizaciones, militantes y activistas por hechos o situaciones relacionados con el ejercicio de derechos humanos”. En este marco, "los poderes Ejecutivo y Judicial utilizan dispositivos legales disponibles para actuar sobre reclamos y conflictos sociales, y exhibe si el sistema judicial protege o, por el contrario, persigue la organización social, política y sindical”
Por eso, finalmente, Chiller concluyó que “los tiempos son sombríos para los derechos humanos, pero no nos va a ganar el pesimismo”. En tanto, Verbitsky agregó que “hay una resistencia social muy fuerte frente a la política que quieren imponer. No van a poder engañar a todo el mundo. Nosotros, desde CELS, estamos siguiendo la línea que marcaron sus fundadores”.