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EL PAIS:La familia de Santiago denunció que los libros de Gendarmería fueron adulterados

Fue ayer en una conferencia de prensa que brindó la familia de Santiago junto a su abogada, Verónica Heredia. También confirmaron que solo se investiga la hipótesis de desaparición forzada.
Ayer, la familia de Santiago Maldonado brindó una conferencia de prensa junto con la abogada Verónica Heredia, en la que denunciaron que los libros de Gendarmería fueron adulterados.
La abogada contó que los libros de los escuadrones de Gendarmería de El Bolsón, Esquel y José de San Martín fueron secuestrados por la justicia el 17 de agosto. “Recién los pude ver y noté a simple vista, que los libros están adulterados: hay hojas demás, están cambiados los hombres, las fechas, los móviles, las armas“, apuntó y cuestionó que “el Ministerio Público Fiscal tiene esos libros desde el 17 de agosto y todavía no hizo nada”.

Mientras tanto Sergio, el hermano de Santiago, comenzó la conferencia de prensa contando que la fiscal Silvina Ávila les confirmó que descartó toda las hipótesis anteriores y la única hipótesis que se está investigando es que fue una desaparición forzada a manos y que fue Gendarmería.

Una antena argentina activada por el celular de Maldonado confirma el testimonio del amigo del joven

El ingeniero Ariel Garbarz, propuesto en la causa por la querella de la CPM, viajó a Esquel a decirle al juez que se detectó el encendido de un aparato del joven en una antena argentina Movistar el 2 de agosto y reclamar que acepten las pruebas. Se corrobora la versión del testigo que declaró haber llamado a Maldonado, que alguien atendió 22 segundos, pero no contestó.
A 42 días de la desaparición de Santiago Maldonado durante una violenta represión de Gendarmería contra la comunidad mapuche en Chubut, parece comenzar a delinearse la confirmación del testimonio de un amigo del joven -aquel cuyo nombre la ministra Patricia Bullrich reveló en público en el Senado- que aseguró días después del hecho ante el juez federal a cargo de la investigación, Guido Otranto, que el 2 de agosto alguien atendió durante 22 segundos uno de los tres celulares que pertenecían al militante, más específicamente uno con línea chilena, dato con el cual se suma más probatoria que refuerza la caratula de desaparición forzada.
Es que el ingeniero en telecomunicaciones Ariel Garbarz, perito propuesto por la querella de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) aún no aceptado por la justicia, viajó a Esquel para asegurarle al magistrado que se detectó el encendido de un aparato con línea chilena del joven en una antena argentina Movistar el 2 de agosto, el mismo día del testimonio de Ariel Garzi, y pedirle a la Justicia que acepten su participación en la causa y que active medidas que intenten precisar dónde exactamente se activó el celular. 
"El teléfono se encendió en Argentina", afirmó Garbarz ante la prensa en la puerta del juzgado federal de Esquel, cuando también aclaró que lo más importante sobre saber dónde se activó precisamente el aparato de Maldonado es la posibilidad de detectar qué otros celulares estaban encendidos alrededor de éste. "Podrían ser testigos o posibles sospechosos. Y alguien atendió ese celular. Los teléfonos no se atienden solos. Pudo haber sido Santiago. U otra persona", remarcó.
El especialista sostuvo que con este dato es muy posible que alguien haya encendido el celular de Maldonado el 2 de agosto para que parezca que el propio dueño del aparato estuvo allí y que, si bien no descarta que la activación haya sido por accidente, la coincidencia de esta activación de una antena argentina el 2 de agosto va en línea con la hipótesis de la desaparición forzada: "Alguien lo puede prender lejos de la escena del crimen para distraer la atención, por eso es necesario tener esa información en la causa".
En esta línea cabe recordar que según el expediente de la causa, Garzi, amigo del joven desaparecido, llamó al celular el 2 de agosto a las 15.34, alguien atendió, pero no contestó. "Escuché ecos y pasos y después cortaron", declaró Garzi. La llamada duró 22 segundos. Fue la última vez que el teléfono estuvo encendido.
"Tenemos información muy importante para la geolocalización de los teléfonos celulares. Puede ser la punta del ovillo para resolver el caso. El 2 de agosto pasado alguien atendió una comunicación entrante al teléfono celular de línea chilena que utilizaba Maldonado y esa comunicación impactó en una antena de la empresa Movistar. Sabemos cuál es la antena y a partir de esa información se puede establecer la zona donde estaba el móvil y qué otros celulares estaban en el mismo lugar", señaló Garbarz, quien junto a integrantes de la CPM, organismo que preside el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, recorrieron las antenas telefónicas de esta ciudad y sus alrededores para evaluar dónde pudo haber sido encendido el teléfono, dato en el que fuentes judiciales apuntan a que sería una de Esquel.
El ingeniero precisó que fueron trazados a través de lo que se llama "coordenadas polares" y reiteró que busca darle sus datos a Otranto "para que nadie pueda avivar a los responsables de la desaparición forzada". Por ahora y de forma insólita, ni la fiscal Avila ni el magistrado aceptaron su participación como perito de la querella. Según fuentes de la CPM, la confirmación podría ocurrir el martes, a dos semanas de la reunión entre la fiscal y Garbarz, que dijo que vuelve a Buenos Aires "indignado porque en 20 años nunca" le pasó "que no reciban a la querella".
"La Justicia de Esquel no quiere aceptar un dato que puede hacer avanzar la investigación", dijo Garbarz antes de salir para el aeropuerto de Esquel para tomar un avión hacia Buenos Aires.
Garbarz llegó a Esquel ayer, en el mismo vuelo donde arribaron el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, y el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerio Públicos y Legislaturas, Gonzalo Cané.

CORDOBA:Concejal es hostigada por pedir la aparición con vida de Santiago Maldonado

El repudio contra la funcionaria fue por una acción colectiva que se produjo en marcha del 1 de agosto, donde un grupo de personas izó la bandera con el rostro de Santiago junto a la bandera argentina. El rechazo a este acto surgió en las redes sociales y llegó hasta el concejo deliberante.
La concejal de Villa Giardino, Graciela Fassi - del espacio Vivamos Giardino -, fue injuriada y hostigada por el izamiento de una bandera con el rostro de Santiago Maldonado, junto a la bandera argentina, en la plaza central de la localidad. Dicho acto tuvo lugar durante la manifestación que se realizó el 1 de Septiembre en la localidad  al cumplirse un mes de la desaparición forzada del joven, de la que participaron más de 100 personas.
A pesar de que se trató de una acción colectiva de las personas que participaron de la marcha y que la concejal no fue quién subió la bandera, Fassi fue hostigada y agraviada en las redes sociales por vecinos y vecinas, que incluso pidieron su renuncia.
Finalmente, el asunto llegó al concejo deliberante de Villa Giardino, que decidió tratar en comisión el pedido de repudio contra Fassi, presentado por la concejal de Unión por Córdoba, Graciela Cavaggion, quién consideró que se trató de un acto de “ofensa” a los símbolos patrios.
En diálogo con FM La Minga, la concejal Graciela Fassi, señaló que “es excesivo que llegue al concejo y que el cuerpo se tenga que ocupar de una cuestión como ésta”.
“Por más que haya ofendido a muchas personas ya se pidieron las disculpas debidas. Fue un error protocolar de personas que no tenían por qué saber de protocolos y además, es un acto que no dañó a personas ni a cosas“, explicó.
También contó que esta semana recibió múltiples agravios por las redes sociales y que “el concejo no ha hablado sobre el modo en que desde mi lugar de concejal fui injuriada”.

El juez Otranto se negó a allanar el casco de la estancia de Benetton

 El dato es clave porque los testigos declararon que Maldonado fue trasladado al lugar. 
 El 7 de septiembre hubo en El Bolsón una marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado que partió desde la plaza Pagano. Ya entonces se notó la presencia de un sujeto que fotografiaba la columna desde una esquina. Luego el "espía" siguió esa procesión a bordo de una camioneta Toyota Hilux. Y tres cuadras después, a pocos metros del casino de suboficiales de la Gendarmería, fue increpado por los manifestantes, a quienes casi atropelló en su precipitado repliegue. Pero su imagen quedó registrada por cámaras y celulares, al igual que la patente INR 983 del vehículo. Así fue posible identificarlo; era un tal Federico Germán Magri. Un nombre a tener en cuenta.
Se trataba del gerente de Green Quality, una empresa de biotecnología agropecuaria asentada en la localidad chubutense de El Hoyo y miembro de la pata civil del pogrom contra la comunidad mapuche en alianza con el poder político y las fuerzas de seguridad. Una suerte de "Liga Patriótica" organizada –tal como adelantó Tiempo Argentino el 27 de agosto– por el funcionario del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, tras ciertas reuniones que mantuvo junto a su jefa, Patricia Bullrich, con referentes de las sociedades rurales de Neuquén, Chubut y Río Negro. Entre ellos resaltaban los terratenientes Néstor Becerra, Julio Crespo Campos, Roberto Jimeno y el administrador general de las estancias del Grupo Benetton, Ronald McDonald.
El administrador, secundado por el capataz Vivian Hughes, supo armar una guardia blanca con matones rurales armados con revólveres y escopetas. Suelen efectuar con regularidad tareas de hostigamiento contra los pobladores de la Lof de Cushamen. Y no son ajenos a las redadas represivas de Gendarmería y la policía local. Tanto es así que durante el ataque de 10 de enero, el propio McDonald comandó el robo de ocho caballos y una vaca de la comunidad, la cual fue carneada ante la vista de los prisioneros.
También en la mañana del 1º de agosto los paramilitares de Benetton se mostraron activos. Según el relato a este diario de Soraya Macoño –la vocera mapuche detenida con dos lamien (hermanos) al circular en un vehículo por la ruta 40, a la altura del ingreso a la estancia de Leleque– "sus camionetas iban y venían, se metían en la comisaría y volvían a la estancia para salir otra vez hacia la Lof. Los hombres de McDonald daban órdenes, indicaciones. Ellos sabían todo lo que pasaba".
En la ya citada edición de Tiempo fue revelada la existencia de una base logística de Gendarmería en el casco de dicha estancia. Eso motivó que al día siguiente la fiscal Silvina Ávila elevara al juez –por orden de la Procuración de Violencia Institucional (Procuvin)–, un pedido de allanamiento en ese lugar. A tal efecto adjuntó a la solicitud una copia del artículo en cuestión. Pero para Otranto –un hombre de profundas convicciones religiosas– aquella ciudadela privada sería parte de un "territorio sagrado". De modo que se negó a realizar aquella diligencia con el argumento de que "la información periodística resulta insuficiente" para acreditar la existencia de dicha unidad operativa.
Pero 23 días antes, durante el rastrillaje con canes en el predio mapuche, su señoría –de muy mal talante por el recelo que le dispensaban sus forzados anfitriones– se retiró a esperar los resultados del procedimiento justamente en aquella base secreta. Vueltas de la vida.
Otranto –amparado en el secreto sumarial– también se negó a cruzar las comunicaciones telefónicas de Noceti con los oficiales de todos los escuadrones de la Gendarmería en la región. La excusa esgrimida: "Al doctor no se lo vincula con la investigación". ¿Acaso teme que ese entrecruzamiento pueda detectar llamadas entre ese funcionario y su propia línea antes, durante y después de que Santiago Maldonado fuera visto por última vez?
Por lo pronto, en una telegráfica entrevista publicada el 7 de septiembre por el diario La Nación, Noceti proclamó: "Nunca hablé con quien comandó el operativo antes de iniciarse".
Los hechos –y su boca– lo desmienten. En sendas entrevistas radiales concedidas el 2 de agosto a Radio Nacional Esquel y FM Sol, Noceti se refirió con lujo de detalles a una reunión convocada por él en Bariloche el 31 de julio para impartir directivas de la acción del día siguiente. Y según sus palabras, se encontraban presentes "el ministro de Gobierno de Chubut y su jefe de policía; el secretario de Seguridad de Río Negro y su jefe de policía; la gente de Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Además estuvieron todos los jefes de los escuadrones de Gendarmería en la zona cordillerana". Se refería, entre otros, a los comandantes Fabián Méndez, de El Bolsón, y Pablo Escola, el segundo jefe de Esquel. Ambos encabezaron la represión.
Ahora se sabe que Noceti se jactó allí de poder encarcelar a integrantes de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), su enemigo interno favorito, sin orden de un juez, en base a una interpretación algo antojadiza del artículo 213 bis del Código Procesal, referido a situaciones de "flagrancia" que ponen en riesgo la seguridad nacional. "Las fuerzas federales –dispuso– van a actuar con autonomía respecto a la justicia".
La reunión terminó al mediodía. Horas más tarde, a manera de ensayo, hizo detener a nueve mapuches que se manifestaban ante la fiscalía federal en protesta por la detención del lonko Facundo Jonas Huala.
A la mañana siguiente, Noceti salió en dirección al sur. Se detuvo en la Lof de Cushamen al ocurrir la bruta irrupción de los gendarmes; su presencia allí coincidió en el tiempo con la captura de Santiago. Luego partió a bordo de su camioneta blanca. Y a las 13:30 se lo vio llegar al sitio donde permanecía Soraya y sus dos acompañantes. Luego de bravuconearla siguió viaje rumbo a Esquel. Allí mantuvo una ríspida reunión con Otranto.
Según una fuente próxima al juzgado, hubo el siguiente diálogo:
–Le adelanto que Gendarmería actuó sin orden judicial –soltó Noceti– porque, usted sabe, con la figura de flagrancia nos basta.
–Vea –contestó Otranto–, con eso usted puede despejar la ruta. Pero no entrar al territorio mapuche. Para eso necesitaba una orden mía…
Noceti insistió con el criterio de la autonomía de las fuerzas. Y remató:
–De todos modos, el operativo ya está hecho.
Dicen que por toda reacción, Otranto se quedó en el molde.
Ya eran las 17:00 cuando Soraya volvió a verlo pasar, esta vez en dirección al norte. Entonces fue fotografiado por un reportero free lance. Esa imagen fue el primer peldaño de la vidriosa situación que ahora lo envuelve. Una situación que se expande como una mancha venenosa. Hay veces que la realidad no perdona.

¡Marichi weu! El Pueblo Mapuche de pie frente al Gobierno

Cientos de comunidades mapuches de tres provincias repudiaron el accionar represivo del Gobierno y exigieron la aparición con vida de Santiago Maldonado. El genocidio de los pueblos indígenas y la disputa actual por los territorios.
“Puelmapu” es el nombre que el Pueblo Mapuche le da a su territorio, al este de la Cordillera de los Andes, desde antes de la conformación de los Estados de Argentina y Chile. En tan amplio espacio no existe una sola organización que reúna a las cientos de comunidades mapuches, que tienen las más diversas posturas políticas, ideológicas y formas de construcción organizativa.
Ante tanta diversidad, sólo el macrismo pudo unir a todas las comunidades en el unánime rechazo a la política represiva y “racista” del Gobierno nacional, personificado en la ministra Patricia Bullrich. Organizaciones de Chubut, Río Negro y Neuquén repudiaron la violencia contra las comunidades, pidieron la renuncia de Bullrich y exigieron la aparición con vida de Santiago Maldonado.

Antecedentes

Agosto de 2016. Un informe interno del Ministerio de Seguridad acusa a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabiliza de hechos delictivos (sin aportar pruebas). “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche”, es el nombre del documento oficial, publicado por Horacio Verbitsky Página/12. Reconoce que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación” ilegales y replica el discurso de las empresas petroleras al definir como “usurpación” a las acciones de resistencia de las comunidades de Neuquén en zona de Vaca Muerta.
En noviembre pasado, un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) -entre otras entidades- emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al Pueblo Mapuche”. El texto, titulado “La lucha indígena no es delito”, apuntó al Gobierno nacional: “El Ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social (…) El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”.
En enero se sucedieron tres represiones en dos días sobre el Lof en Resistencia del departamento de Cushamen, con una ferocidad que no se veía hacía tiempo, por parte de Policía provincial y Gendarmería nacional. Decenas de detenidos y heridos de bala llegaron a la prensa nacional. Fue una cacería de mapuches.
El 21 de junio, un centenar de efectivos de Gendarmería nacional llegó hasta la comunidad mapuche Campo Maripe (en Vaca Muerta-Neuquén), cerró los caminos internos y escoltó a cuadrillas de YPF para realizar una nueva perforación petrolera, resistida por los mapuches.
Los integrantes de la comunidad pidieron explicaciones, solicitaron que exhiban la orden judicial (nunca se las mostraron) y exigieron que se retiren del territorio indígena. La Gendarmería incluso impidió que la comunidad abandonara su propia tierra. “YPF usa la Gendarmería para entrar ilegalmente a territorio mapuche. Ingresaron sin consulta, ni autorización, con un procedimiento totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni exhibir orden judicial. Los miembros del lof (comunidad) fueron amenazados y fueron rehenes en su propio territorio”, denunció el Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche de Neuquén, que cuestionó la “militarización” del lugar y acusó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de una “escalada de represión”.
El 22 de julio, una semana antes de la desaparición de Santiago Maldonado, once comunidades mapuches se reunieron en la localidad rionegrina de Aguada Cecilio. Declararon el estado de alerta y movilización por la emergencia territorial, denunciaron un proyecto de nuevo códigos de tierras (impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck) que “abre las puertas a las empresas extractivistas” y repudiaron la “estigmatización de violento que recae sobre Facundo Jones Huala y su comunidad, expresada por el gobernador de Río Negro en los medios públicos, que conlleva a la criminalización de la lucha de los líderes mapuches y referentes sociales”. Llamaron a organizarse para una gran marcha mapuche, con el lema “petu mongueleiñ” (Estamos vivos).

Oficial

El 1° de agosto la Gendarmería nacional reprimió un corte parcial en la ruta 40, realizado por la comunidad Lof en Resistencia de Cushamen. Los efectivos ingresaron sin orden judicial a la comunidad, amenazaron a mujeres y niños, incendiaron pertenencias y las humildes viviendas y persiguieron a los hombres hasta el riacho que cruza el campo. Fue la última vez que vieron a Santiago Maldonado.
El 11 de agosto, diez días después de la desaparición de Santiago Maldonado, el presidente Mauricio Macri se refirió a la desaparición: “Estamos trabajando a destajo para trata de ver qué es lo que pasó”. Y apuntó a los mapuches: “Se declara con lineamientos bastante poco democráticos y bastante violentos”.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue más allá: “Nuestra decisión es total y absoluta de no permitir que en la Argentina se asiente un grupo que utilice la violencia como forma de acción y quiera imponer una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina”.

“Desprecio racial e ignorancia”

La Confederación Mapuche de Neuquén se organiza en seis regiones (llamada “zonales”), con más de sesenta comunidades. La Zonal Xawvn Ko (encuentro de aguas) fue de las primeras en responder: “Patricia Bullrich, en sus declaraciones cargadas de desprecio racial e ignorancia, construye una verdadera ensalada de conceptos errados. Desconoce conceptos básicos de estados modernos y evolucionados que se asumen como estados plurinacionales. Nuestra condición de Nación Mapuche está basada en la preexistencia milenaria que reconoce la propia Constitución Argentina”.
“Negar esta realidad es propia de los Estados autoritarios y colonialistas que desconocen la diversidad”, señaló la organización mapuche. Ejemplificaron con Canadá y Bolivia, ambos Estados plurinacionales. “No depende del permiso de una funcionaria. Está relacionado a una existencia de miles de años, ante un estado moderno de solo dos siglos de existencia”, afirmó. Y explicó que la plurinacionalidad no es una propuesta separatista ni excluyente sino, por el contrario, una herramienta para la unidad en la diversidad.
“Si los mapuche no asumiéramos nuestra nacionalidad, seríamos un pueblo sin historia y peor aún, seríamos un pueblo sin futuro”, afirmó la zonal mapuche de Neuquén.
Patricia Bullrich tampoco tuvo presente la vigencia el derecho a la autodeterminación indígena, consagrado en la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Renuncia

Comunidades mapuches de Neuquén y de Río Negro se autoconvocaron en Junín de los Andes el 10 de agosto. Emitieron un largo documento, con cinco puntos principales:
-Exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado.
-Repudiar el accionar de Gendarmería nacional “utilizada como fuerza de represión contra el pueblo”.
-Condenar “la manera artera como el poder mediático empresarial crea estigma, rótulos, prejuicios y promueve el odio racial contra el pueblo nación mapuche”.
-Exigir la renuncia de la ministra Bullrich porque “desde que asumió ha promovido la violencia como método para resolver la demanda social y el ejercicio de derecho”.
-Denunciar y responsabilizar al presidente Macri sobre las “consecuencias graves que generará esta persecución al Pueblo Mapuche sin medir que estamos ante posibles actos irreparables de pérdida de vidas humanas”.
Firmaron el documento las autoridades de las zonales Xawvnko, Wijice, Pewence y Lafkence de la Confederación Mapuche de Neuquén y las autoridades de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Chewelche en Río Negro y el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci).
Anunciaron que en breve se expedirán de forma crítica sobre el accionar del grupo “Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)”, en particular sobre “las metodologías y objetivos del RAM, que no compartimos como organizaciones mapuche de la región”. Sin embargo, aclararon que lo prioritario es volcar todas las energías y atención a la desaparición de Santiago Maldonado y denunciar la “violencia racial desatada por el Estado”.
“Un desaparecido por la fuerza pública es de una gravedad inusitada y algo que creíamos que nunca más iba a ocurrir en el país. Solo el odio racial desatado contra los mapuche ha hecho posible semejante aberración contra la condición humana”, finalizó el posicionamiento.

Chubut

“Somos lo que el genocidio del Estado dejó. Nuestras memorias nos cuentan cómo sobrevivimos y por qué aún estamos vivos. Entonces, porque esto ya nos pasó, hoy estamos con la familia de Santiago, los acompañamos y nos solidarizamos con ellos”, afirmaron ocho comunidades mapuche-tehuelche de Chubut que se congregaron el 11 de agosto para analizar y expedirse sobre la situación local.
Los dos primeros puntos de su posicionamiento público fueron en línea con las comunidades de Neuquén y Río Negro: “Nos solidarizamos con los familiares de Santiago Maldonado, desaparecido en un contexto de represión a una comunidad mapuche, y exigimos su aparición con vida (...) Repudiamos enérgicamente el accionar represivo del Estado en sus distintas instancias, una vez más, en contra del Pueblo Mapuche, la criminalización de la protesta social y el nulo valor que la vida tiene para el Gobierno”.
Firmado por las comunidades Vuelta del Río (Cushamen), Santa Rosa Leleke (Cushamen), Lof Cayun (Lago Puelo), Lof Cañio (Buenos Aires Chico), Lof Ñiripil (Buenos Aires Chico), Ñamkulawen Lof (Comodoro Rivadavia), Newen Mulfuñ (Pico Truncado), Calfu Nao (Trelew), recordaron que el Pueblo Mapuche-Tehuelche sufre desde hace generaciones “engaños, manipulación, hostigamientos por parte del estado -y sectores privados- y las persecuciones, que forman parte de la historia de vida (indígena)”.
Y enmarcaron la desaparición de Santiago Maldonado y la represión actual en un contexto histórico: “La falta de comprensión de que existe una deuda histórica del Estado con los Pueblos Originarios que se debe reparar con diálogo, igualdad, respeto y autocrítica por parte del Estado, y no con violencia, represión, provocaciones y discriminación (...) También está presente la incapacidad y falta de voluntad que han demostrado amplios sectores de la sociedad para revisar nuestra propia historia colectiva y prefieren, en cambio, quedarse en el agravio y la descalificación”.
Las ocho comunidades mapuche-tehuleche explicaron que la actual conflictividad “es una prueba más del fracaso con el modo en que las autoridades vienen abordando la realidad que plantean las comunidades indígenas, también es el resultado de la falta histórica de políticas de acceso a la tierra y al territorio, la falta de diálogo por parte de las autoridades municipales, provinciales y nacionales”.
También cuestionaron duramente al accionar del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC) y de la Dirección de Asuntos Indígenas de la provincia de Chubut que no respetan los derechos vigentes en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos. “Siempre estuvimos, estamos y estaremos en nuestro territorio y defenderemos una vida digna en ellos”, finalizaron las comunidades mapuche-tehuelche.

Recuperaciones y futuro

El Consejo Asesor Indígena (CAI) es una organización histórica del Pueblo Mapuche de Río Negro, con más de treinta años de existencia. Uno de sus ejes centrales la recuperación de los territorios usurpados a las comunidades, y que hoy están en manos de grandes empresas o el Estado.
“Llevamos recuperadas y consolidadas más de 200.000 hectáreas en lo que hoy es la provincia de Río Negro. Hemos sufrido incendios, persecuciones judiciales y policiales, amenazas de muerte, acosos, allanamientos e intentos de desalojo. Pero siempre hemos mantenido los reclamos y la firmeza en nuestra lucha”, resumieron.
El CAI explicó que siempre buscaron diálogo con el conjunto de la sociedad, con el objetivo de avanzar hacia “el espacio negado que tenemos como pueblo”. Pero advirtió que “se hace evidente que la política represiva del Estado se intensifica y se intensificará en los tiempos que siguen. No queremos que la actitud del Estado y la sociedad frente a nosotros sea de represión, discriminación y racismo”.
El CAI, al igual que todos los posicionamientos indígenas se expidieron el último mes, cuestionó al gobierno de Mauricio Macri, exigió que se cumplan sus derechos y reclamó la aparición con vida de Santiago Maldonado.
Todos los comunidades del Pueblo Mapuche finalizan de la misma manera, y quizá explica por qué alteran tanto al poder de turno: ¡Marichi weu! ¡Marichi weu! ¡Marichi weu! (grito de lucha y esperanza que significa “diez veces venceremos”).

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