Sin embargo, por ley las fuerzas armadas no pueden realizar tareas de seguridad interior.
La decisión del Senado de aprobar el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional para participar de ejercicios militares en conjunto con la Armada Argentina, provocó alerta y preocupación, aunque todavía resta la definición en la Cámara de Diputados.El diputado nacional del Frente para la Victoria, Guillermo Carmona, representante de la provincia de Mendoza, explicó que “se aprobó un paquete de 22 ejercicios militares, de los cuáles cinco son cuestionables. Involucran a las Fuerzas Armadas Argentinas en ejercicios militares que buscan capacitar a las fuerzas que participan en acciones de seguridad interior vinculadas con la lucha contra el terrorismo, el nacrcotráfico, etc. Estos temas propios de la seguridad interior están vedados por la ley de seguridad interior a las FFAA. Es decir, capacitan a militares argentinos en funciones que no pueden cumplir.”
Carmona advirtió que el gobierno intenta cambiar la función de las fuerzas armadas y crear nuevas supuestas amenazas. “Se busca desnaturalizar la funcion principal de las FFAA que es la defensa nacional, en articulacion con los paises de la región, en función de la defensa de nuestros recursos naturales, entre otras cosas e introducen elementos que hacen referencia a la aparición de amenazas terroristas, de grupos subversivos. Todo esto es ilegal y tiene que ser rechazado en el Congreso Nacional”, señaló.
SANTA FE:Miguel del Sel, un intendente y los tesoreros del PRO inhabilitados por el juez Rodríguez
Los dirigentes del PRO no podrán ocupar cargos públicos ni ejercer derechos electorales por los fondos de campaña. El concejo de Funes debe resolver la situación del intendente.
El juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez inhabilitó al ex presidente del PRO Miguel Torres del Sel y a quienes lo asistían como tesoreros, Norberto Principato y el actual intendente de Funes Diego León Barreto para ocupar cargos políticos y partidarios porque no pudieron justificar el origen de fondos de la campaña electoral de 2012. El plazo de la "inhabilitación" es por "seis meses" para "el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegidos" en puestos "públicos nacionales" y como "autoridades de partidos políticos" y el desempeño en ambos cargos en ese lapso, dice la resolución del magistrado que anticipó ayer el portal Diario Santa Fe. La prueba es el propio "balance del PRO" firmado por el cómico y ex embajador en Panamá y sus asistentes que "impide conocer en forma completa y real el origen y destino de los fondos de la campaña" de 2012, en la que Torres del Sel resultó electo diputado nacional, aunque luego cedió su banca a su colega Luciano Laspina, quien hoy preside la comisión de Presupuesto de la Cámara.
La investigación se remonta a agosto de 2015 cuando el fiscal federal Nº 2 Walter Rodríguez imputó a Torres del Sel, Principato y León Barreto, pero el juez Rodríguez los absolvió por prescripción de la causa y ordenó su archivo. El fiscal apeló porque a su juicio el plazo de prescripción estaba suspendido desde que Torres del Sel y León Barreto eran funcionarios públicos. El 6 de diciembre de 2016, la Cámara Nacional Electoral le dio la razón al fiscal y ordenó reabrir el proceso. El intendente León Barreto intentó zafar con un recurso extraordinario -que sus abogados Guillermo Salerni y Leandro Fernando de Salvi? presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero fracasó. Y el 27 de junio último, la Corte rechazó el planteo y dejó firme la sentencia de la Cámara.
Ante los imperativos, el juez Rodríguez no tuvo otra que investigar. Y el fallo es concluyente: resolvió "inhabilitar" a Torres del Sel, Principato y León Barreto "por el plazo de seis meses para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegidos en las elecciones a cargos públicos nacionales y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios". Y remitió copia al Concejo Municipal de Funes, que ahora deberá resolver la situación del intendente, en lo que preanuncia otro capítulo del escándalo político.
Según el juez, el balance del partido de Mauricio Macri de 2012, que firmaron los tres imputados "impide conocer en forma completa y real el origen y destino de los fondos de campaña", informó el colega Nicolás Lovaisa.
El trío del PRO -sigue el juez? "no presentó los extractos bancarios de las dos cuentas declaradas y registradas en el Banco de la Nación Argentina, por lo que no se pudo hacer un análisis de las mismas" y aseguró que en el balance faltan la "acreditación del origen y/o destino de los fondos recibidos por parte del presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico?financiero de la campaña".
Torres del Sel y compañía nunca subsanaron las "observaciones" que formuló la Cámara Nacional Electoral y se olvidaron de informar partidas pendientes de cobro provenientes de aportes públicos del año 2011 por 50 mil 985 pesos, aportes públicos para boletas de diputados generales por 213 mil 441 pesos; aportes por diferencia de la primarias para diputados nacionales por la suma de 5.188 pesos y una lista de aportes privados.
En su defensa, Torres del Sel reprochó al fiscal que el "incumplimiento" que le achacaba era "formal" e "insignificante" y que "en caso de aplicarse las graves sanciones que prevé la ley existiría una desproporción entre la falta cometida y la pena".
El fiscal desmintió el supuesto "incumplimiento insignificante" que argumentó el actor cómico. "La alegada insignificancia no es tal" porque se trata de conductas que "se adecúan a figuras típicas penalmente reprochables y por lo tanto merecen ser llevadas a juicio y en su caso, penadas". Y advirtió que los dirigentes del PRO "no pueden acreditar debidamente el origen y destino de los fondos recibidos".
Mediante el decreto N° 096/2017, Aguer argumentó de forma increíble que en esos establecimientos educativos no se puede hacer referencia "a la teoría de género que pretende negar las diferencias biológicas entre el varón y la mujer, de modo que los alumnos puedan discernir rectamente y no sean arrastrados por este error".
Finalmente, "las asignaturas referentes al orden social, político y económico, cualquiera sea el nombre que les atribuya el currículo oficial deben inspirarse en el Catecismo y en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, publicado bajo la autoridad de San Juan Pablo II el año 2004".
Como respuesta, el candidato a senador nacional por Cumplir Florencio Randazzo disparó contra la determinación de la Iglesia, al considerar "muy grave que Monseñor Aguer intente tapar el sol con las manos en contra de los avances producidos en Argentina", en clara referencia a la ley de Matrimonio Igualitario, sancionada durante el Gobierno de su actual rival electoral, Cristina Fernández de Kirchner.
"Nos oponemos a que se prohíba hablar en los colegios sobre derechos adquiridos como el Matrimonio Igualitario que es ley en nuestro país", precisó el exministro de Transporte, y anticipó que desde su espacio presentarán "una acción judicial para frenar esta prohibición, a favor de la libertad y la educación q tienen miles de pibes platenses".
La investigación se remonta a agosto de 2015 cuando el fiscal federal Nº 2 Walter Rodríguez imputó a Torres del Sel, Principato y León Barreto, pero el juez Rodríguez los absolvió por prescripción de la causa y ordenó su archivo. El fiscal apeló porque a su juicio el plazo de prescripción estaba suspendido desde que Torres del Sel y León Barreto eran funcionarios públicos. El 6 de diciembre de 2016, la Cámara Nacional Electoral le dio la razón al fiscal y ordenó reabrir el proceso. El intendente León Barreto intentó zafar con un recurso extraordinario -que sus abogados Guillermo Salerni y Leandro Fernando de Salvi? presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero fracasó. Y el 27 de junio último, la Corte rechazó el planteo y dejó firme la sentencia de la Cámara.
Ante los imperativos, el juez Rodríguez no tuvo otra que investigar. Y el fallo es concluyente: resolvió "inhabilitar" a Torres del Sel, Principato y León Barreto "por el plazo de seis meses para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegidos en las elecciones a cargos públicos nacionales y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios". Y remitió copia al Concejo Municipal de Funes, que ahora deberá resolver la situación del intendente, en lo que preanuncia otro capítulo del escándalo político.
Según el juez, el balance del partido de Mauricio Macri de 2012, que firmaron los tres imputados "impide conocer en forma completa y real el origen y destino de los fondos de campaña", informó el colega Nicolás Lovaisa.
El trío del PRO -sigue el juez? "no presentó los extractos bancarios de las dos cuentas declaradas y registradas en el Banco de la Nación Argentina, por lo que no se pudo hacer un análisis de las mismas" y aseguró que en el balance faltan la "acreditación del origen y/o destino de los fondos recibidos por parte del presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico?financiero de la campaña".
Torres del Sel y compañía nunca subsanaron las "observaciones" que formuló la Cámara Nacional Electoral y se olvidaron de informar partidas pendientes de cobro provenientes de aportes públicos del año 2011 por 50 mil 985 pesos, aportes públicos para boletas de diputados generales por 213 mil 441 pesos; aportes por diferencia de la primarias para diputados nacionales por la suma de 5.188 pesos y una lista de aportes privados.
En su defensa, Torres del Sel reprochó al fiscal que el "incumplimiento" que le achacaba era "formal" e "insignificante" y que "en caso de aplicarse las graves sanciones que prevé la ley existiría una desproporción entre la falta cometida y la pena".
El fiscal desmintió el supuesto "incumplimiento insignificante" que argumentó el actor cómico. "La alegada insignificancia no es tal" porque se trata de conductas que "se adecúan a figuras típicas penalmente reprochables y por lo tanto merecen ser llevadas a juicio y en su caso, penadas". Y advirtió que los dirigentes del PRO "no pueden acreditar debidamente el origen y destino de los fondos recibidos".
BUENOS AIRES:La Iglesia prohibió por decreto hablar sobre diversidad sexual en los colegios católicos platenses
Lo hizo el arzobispo de La Plata, Monseñor Héctor Aguer, que utilizó un decreto para evitar que se enseñe y se discuta "la teoría de género" y el matrimonio igualitario, de modo que los chicos "sean formados en la visión cristiana del mundo y adhieran a ella con el pensamiento y el afecto". Los increíbles argumentos y la reacción de Randazzo.
En línea con sus interminables y agresivas declaraciones en contra de la homosexualidad y el matrimonio igualitario, el arzobispo de La Plata, Monseñor Héctor Aguer, prohibió a través de un decreto que se hable de diversidad sexual y "teoría de género" en los colegios religiosos platenses. Mediante el decreto N° 096/2017, Aguer argumentó de forma increíble que en esos establecimientos educativos no se puede hacer referencia "a la teoría de género que pretende negar las diferencias biológicas entre el varón y la mujer, de modo que los alumnos puedan discernir rectamente y no sean arrastrados por este error".
La norma establece un conjunto de recomendaciones "visto que en los colegios católicos los alumnos deben recibir una educación integral basada en la doctrina de la Iglesia, de modo que sean formados en la visión cristiana del mundo y adhieran a ella con el pensamiento y el afecto".
"Periódicamente llegan a este arzobispado quejas respecto de la transmisión de cuestiones esenciales en diversas asignaturas", lanzó el religioso como justificación, por lo cual el controvertido documento publicado generó "orientaciones", tanto para los colegios que dependen directamente de la Arquidiócesis de La Plata, como los que pertenecen a congregaciones religiosas.
¿Cuáles son las recomendaciones y sus argumentos? "La Enseñanza Religiosa Escolar y la Catequesis tienen como referencia doctrinal insoslayable el Catecismo de la Iglesia Católica y el Compendio del mismo. Los textos que se usen y las explicaciones de los profesores y catequistas deben ajustarse siempre a aquellos instrumentos para mostrar a los alumnos, sin ambages, la verdad católica, con los métodos y actividades que correspondan a la edad de los educandos. Se les ha de ayudar, asimismo, con igual cuidado, a que adviertan los errores y comportamientos desordenados que se difunden en la cultura vigente, para evitar incurrir en ellos. En el Catecismo se encuentra también la enseñanza de la Iglesia sobre la sexualidad humana y sobre la justicia social, temas a los que se refieren los puntos que siguen", como primer punto.
En segundo lugar, "en lo que respecta a la Educación para el amor, la castidad, el matrimonio y la familia, sígase puntualmente lo que he establecido en ´El orden del espíritu en la sexualidad. Aportes preliminares al ordenamiento de la educación sexual en la escuela´. Prohíbo expresamente que en esta área tan delicada y bella se recurra como fuente de inspiración a la "teoría de género" y a los textos que la sostienen. En el momento oportuno hay que exponer con argumentos sólidos una crítica de esa teoría, hoy ampliamente difundida, que pretende negar las diferencias biológicas entre el varón y la mujer, de modo que los alumnos puedan discernir rectamente y no sean arrastrados por este error".Finalmente, "las asignaturas referentes al orden social, político y económico, cualquiera sea el nombre que les atribuya el currículo oficial deben inspirarse en el Catecismo y en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, publicado bajo la autoridad de San Juan Pablo II el año 2004".
Como respuesta, el candidato a senador nacional por Cumplir Florencio Randazzo disparó contra la determinación de la Iglesia, al considerar "muy grave que Monseñor Aguer intente tapar el sol con las manos en contra de los avances producidos en Argentina", en clara referencia a la ley de Matrimonio Igualitario, sancionada durante el Gobierno de su actual rival electoral, Cristina Fernández de Kirchner.
"Nos oponemos a que se prohíba hablar en los colegios sobre derechos adquiridos como el Matrimonio Igualitario que es ley en nuestro país", precisó el exministro de Transporte, y anticipó que desde su espacio presentarán "una acción judicial para frenar esta prohibición, a favor de la libertad y la educación q tienen miles de pibes platenses".
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